Ante el inicio de la tramitación del Tratado Chile-Unión Europea en la Cámara de Diputados, Chile Mejor sin TLC solicitó una audiencia a la Comisión de Relaciones Exteriores de la entidad. 55 organizaciones ambientales, de derechos humanos, políticas, territoriales y de organizaciones feministas adhirieron a una declaración circulada por Chile Mejor sin TLC a fines de junio, rechazando el tratado y planteando que los pueblos votarán NO en los muros de sus barrios y redes sociales, en defensa de la paz, la soberanía energética y alimentaria, y la vida. Los diputados Emilia Nuyado (PS) y Hernán Palma (Transformar Chile) suscriben este llamado. Asimismo, de Arica a Chiloé, firman el comunicado más de 90 artistas, académicos, activistas ambientales y defensores de la agroecología, y medios de comunicación populares.
El llamado a la paz se basa en que el Congreso no debiera permitir que el Presidente Boric termine con la neutralidad de Chile para alinear al país con una Unión Europea presidida por Ursula von der Leyen, acusada como cómplice del genocidio contra el pueblo palestino y partidaria de que Europa haga la guerra. El tratado compromete a Chile en futuras operaciones militares de la UE bajo el disfraz de “cooperación”.
La declaración destaca el carácter neocolonial del tratado, que entrega nuestros bienes comunes naturales como el litio, y acelera la producción de hidrógeno verde para que los europeos puedan cambiar su matriz energética, lo que generará en Chile más zonas de sacrificio, más sequía y menos alimentos. La pérdida de biodiversidad y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas también se denuncian. Además se alerta que el país podrá ser demandado por inversores europeos ante un tribunal internacional permanente que el Estado Chileno deberá costear año a año. Sin embargo nuestro país no puede usar ese tribunal para demandar por los daños que el tratado genere. El documento sostiene también que el acceso total de la Unión Europea al mercado público tendrá nefastos costos para las Pymes y para el empleo en mujeres.
Entre las organizaciones nacionales adherentes están el Movimiento Asamblea Constituyente, la Fundación Constituyente XXI, el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, Chile Sustentable, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Red por la Superación del Modelo Forestal, Chile sin Ecocidio, Acción Global Feminista Chile, la Coordinadora Nacional de Mujeres de Pueblos Originarios, Slow Food Chile, la Red de Acción en Plaguicidas Chile, Mujeres en Resistencia Chile, el Centro Ecocéanos, Viento Sur, el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y los Territorios, la Coordinadora Feminista 8 M, Mujeres en Marcha Chile, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, la Comisión Ética contra la Tortura, y el capítulo Chileno de la Red Internacional por los DDHH.
Asimismo suscriben la Coordinadora por Palestina, Judíos Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid. La diputada Emilia Nuyado, del Partido Socialista (distrito 25) y el diputado Hernán Palma (D12), de Transformar Chile firmaron también este escrito, suscrito además por la cantautora Natalia Contesse de la Escuela de Artes y Folklore, por Luis Mesina, vocero de No más AFP; por el Partido del Trabajo de Chile; Andrés Pascal de la Fundación Miguel Enríquez; los periodistas Andrés Figueroa de la Plataforma Anticapitalista y Popular, y comunicadores como Juan Diego González, del programa de radio Criterio Verde y el audiovisualista Javier Bertin; junto a ellos, Radio Ayni, EcosurTv , la revista La Estaca y el Centro de Comunicación Cultura e Imagen. Los académicos Claudia Iriarte, y Sergio Grez, así como Nuriluz Hermosilla, Antonio Palma, Carla Chighizola, Juan Mastrantonio y Daniela Miranda, junto al economista Manuel Hidalgo y el Padre Eugenio Pizarro se sumaron a este apoyo.
A nivel territorial destacan la comunidad diaguita Campillay Gualacagasta, la Red Atacameña de Mujeres Rurales Indígenas, Freirina Consciente, el comité de DDHH y ecológicos de Quilpué, la comisión de DDHH de Quillota, la Red Chilena de Cultura Viva Comunitaria, la Coordinadora Ecológica de Casablanca, Defensa Punta Fraile, Eco San Joaquín, la Red de Autobastecimiento de Peñalolen, la Asociación de COSOC de Maule, la Agrupación Águila Sur, los comités comunales de Casablanca y Perquenco, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la Asociación de agricultores Prodesal Paillaco, la Unión de organizaciones Lacustre, la Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua (de Chiloé), la comunidad mapuche williche Peipiukelen y la Escuela Popular Campesina de Curaco de Vélez, entre otros colectivos muy diversos.