Gracias a una mini subvención de la organización no gubernamental (ONG) Socios en Salud de Perú, con recursos de la Stop TB Partnership y en alianza con la Coalición de Tuberculosis (TB) de las Américas, un grupo de personas aymara y no indígenas se sumaron a un proyecto de incidencia política para plantear a las autoridades políticas y sanitarias de la comuna de Arica la rearticulación de la respuesta comunitaria a la tuberculosis en la atención primaria de salud.
El proyecto incluye, durante los próximos meses, el lanzamiento de una campaña comunicacional en distintos medios locales y una agenda de reuniones para solicitar que vuelva a existir financiamiento para la estrategia comunitaria Suma Q’amañataki/ Para el Buen Vivir que, hace una década, realizó actividades para la prevención de esta enfermedad, de apoyo en el diagnóstico y de acompañamiento de personas en tratamiento, gracias a la labor altruista de voluntarios aymara de la asociación indígena del mismo nombre.
Este proyecto es coordinado por el periodista Francisco Olivares, socio de la Colación de TB de las Américas en Chile, y, en la reunión de presentación de la iniciativa, convocó, entre otros invitados, a Willy Morales, williche de la Isla de Chiloé y presidente de la Red Nacional de Pueblos Originarios en respuesta al VIH (RENPO Chile) y a Ángel Bolaños, aymara y presidente de la asociación indígena Suma Q’amañataki.
Los asistentes concordaron en que los datos epidemiológicos existentes indican que las comunidades aymara de Arica y Parinacota tienen una alta vulnerabilidad frente a la tuberculosis, lo que se debe, principalmente a barreras culturales de acceso a la atención en salud. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, el 43,8 por ciento de los casos en la Región corresponde a personas indígenas (año 2020) y las personas aymara tienen hasta nueve veces más riesgo de enfermar y hasta 6 veces más riesgo de morir por esta causa que las personas no indígenas (trienio 2007-2009).
Por lo mismo, las personas que adhieren a este proyecto de incidencia política estimaron que las autoridades comunales, sanitarias y de Gobierno tienen el mandato de financiar e implementar iniciativas para dar respuesta a esta grave situación, tal como lo indica el artículo séptimo de la llamada “Ley de derechos y deberes de los pacientes”, que asegura el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos originarios a recibir una atención de salud con pertinencia cultural.
