Front Line Defenders está profundamente preocupada por la reciente información de que las y los defensores de derechos humanos que protestan en contra del proyecto hidroeléctrico del Alto Maipo en Chile, que cuenta con el apoyo financiero de varios bancos multilaterales de desarrollo, han sido calificados de «ecoterroristas» y sometidos a intensa vigilancia por oponerse al proyecto.
Una investigación llevada a cabo por el medio de comunicación Interferencia ha revelado que la empresa eléctrica AES Andes S.A contrató a una consultoría para labores de vigilancia e infiltración de los chats privados de WhatsApp y Facebook de los grupos ambientales que se oponen al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Interferencia tuvo acceso a los informes de inteligencia elaborados entre febrero y junio de 2020 que contenían información sobre organizaciones y movimientos sociales defensoras del medio ambiente, entre ellos la Coordinadora No Alto Maipo y la Red Metropolitana No Alto Maipo, además de otros movimientos ambientalistas que actúan por el derecho al agua en el país, como el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).
El informe de inteligencia contiene datos personales de personas defensoras del medio ambiente, incluyendo sus números de teléfonos, números de identificación personal y direcciones, así como información sobre su labor actual o anterior relacionada con la defensa de derechos ambientales. El informe de inteligencia incluye nombres de empleados de AES Andes S.A integrantes de grupos que se oponen al proyecto Alto Maipo en redes sociales. Además del mapeo de personas defensoras del medio ambiente, abogados que trabajan por los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto y de los trabajadores «sospechosos» de la empresa, el informe de inteligencia califica las acciones organizadas por estos grupos como «actos ecoterroristas» y califica a varias personas defensoras de derechos humanos como «ecoterroristas».
El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo está a cargo de la empresa AES Andes S.A. AES Andes S.A. filial chilena de la empresa norteamericana AES Corporation, fundada en Delaware, y que tiene múltiples filiales en América Latina. Desde el inicio del proyecto en 2008, las organizaciones de defensa de derechos ambientales mencionadas en el informe de inteligencia han llevando a cabo actividades de incidencia política para plantear su preocupación por los impactos negativos del proyecto en los derechos humanos y en el medio ambiente. Estas organizaciones también han denunciado las violaciones de los derechos laborales y el aparente descuido y falta de inspección del gobierno chileno sobre las violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por la empresa. A pesar de que las organizaciones y movimientos sociales ambientalistas han exigido el derecho a la información y a la participación dentro de la ejecución del proyecto Alto Maipo, AES Andes S.A decidió obtener su información y datos a través de la vigilancia y la infiltración en lugar de comunicarse directamente con las organizaciones de manera transparente.
Se han presentado quejas a la Corporación Financiera Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo en relación con su respaldo financiero al proyecto. En marzo de 2020, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) solicitó a las autoridades chilenas que presentaran las medidas implementadas para garantizar el derecho al agua, la alimentación, la vivienda, la salud y la cultura de las comunidades afectadas por el proyecto.
Front Line Defenders expresa gran preocupación por los objetivos del informe de inteligencia y por los esfuerzos de la empresa por criminalizar y deslegitimar a las y los defensores ambientales y movimientos sociales que llevan años luchando por garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos en Chile y por denunciar los impactos sociales y ambientales irreversibles que ha provocado el proyecto Alto Maipo. También es alarmante que los métodos utilizados para elaborar el informe traten de legitimar la práctica de vigilancia, seguimiento e infiltración de los movimientos sociales por parte de empresas privadas.
Front Line Defenders ha monitoreado con gran preocupación el aumento de los ataques contra las personas defensoras de los derechos ambientales en Chile. En el primer semestre de 2021, Front Line Defenders registró amenazas de muerte, ataques e intimidaciones contra quienes defienden los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas en el país. Las investigaciones e informes que describen a las y los defensores ambientales e indígenas como potenciales terroristas contribuyen a la estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y les exponen a un mayor riesgo.
Front Line Defenders condena el monitoreo y la vigilancia de personas defensoras de derechos ambientales así como el intento de criminalizar y estigmatizar sus luchas y formas de organización. Front Line Defenders solicita a las autoridades chilenas que aclaren el objetivo de este informe y que revisen la licencia para la implementación de la hidroeléctrica Alto Maipo a la luz de esta denuncia. Front Line Defenders hace un llamamiento a los financiadores internacionales de este proyecto para que revisen este informe y cumplan sus compromisos contra las represalias. Finalmente, Front Line Defenders hace un llamamiento al apoyo internacional para la protección de las y los defensores de los derechos ambientales en Chile.
