El Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT, manifiesta su más enérgico rechazo y malestar ante el anuncio del llamado Acuerdo por Chile que daría continuidad al proceso constituyente con un nuevo órgano redactor.

Se trata de un órgano constitucional mixto, integrado por un Consejo Constitucional de 50 convencionales electos, y una Comisión Experta de 24 personas de “indiscutible trayectoria” designadas por el Congreso, además de un Comité Técnico de Admisibilidad que supervigilará todas las normas aprobadas.

La Comisión Experta tiene por finalidad la redacción de un anteproyecto en 4 meses, para que luego el Consejo Constitucional – electo con el mecanismo vigente para Senadores que no asegura representatividad- se dedique por un período de 5 meses a visar el anteproyecto, siempre que cuente con la aprobación del Comité Técnico de Admisibilidad, cuyas decisiones, además, no son recurribles. Nos ofrecen una Constitución cuya redacción será vigilada por “expertos y juristas destacados”, designados para que nada esencial cambie. Será una Constitución viciada en su origen al renegar de la soberanía popular, entregada a la elite que vigilará y asesorará “gratis” el proceso.

Sobre las bases constitucionales, ¿qué cambios ofrece respecto de la Constitución del 80? Decimos con claridad: ninguno. Se lee en las líneas del Acuerdo las limitaciones a la democracia, al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, asegurando a los privados  los derechos y libertades fundamentales en un claro resabio del Estado subsidiario. Asimismo  el Acuerdo mantiene los estados de excepción constitucional de Guzmán, y pretende darle una lavada verde al mencionar el  cuidado y la conservación de la naturaleza y biodiversidad.

Este Acuerdo de las cúpulas partidarias en el que han intervenido directamente los grupos económicos a través de Amarillos por Chile y un miembro de la familia Luksic, es totalmente ajeno a los intereses de los pueblos de Chile y su intención de fondo  es mantener los privilegios que hoy confiere la constitución del 80 a quienes son hoy los dueños del agua, entre otros bienes comunes naturales.

Lo firman los partidos políticos Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, la DC, Partido Radical, Partido Liberal, PPD, Socialistas, PC, Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, RD y Acción Humanista, además de los llamados movimientos Amarillos, Demócratas y UNIR.

En este contexto de decisiones inconsultas, los pueblos seguiremos buscando ejercer soberanía y recuperar nuestros derechos; lograr la recuperación del agua y el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, detener los megaproyectos que amenazan con extender los territorios en sacrificio, poner la vida al centro y contribuir a la organización y unidad de todas, todos y todes para alcanzar el Buen Vivir.