El 6 de noviembre representantes de OBSERVACOM, AMARC ALC y la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en el marco de su 188 Período de sesiones, donde expusieron la situación y dificultades que afrontan los medios comunitarios, en términos de marcos normativos, restricciones de financiamiento, sostenibilidad, criminalización y persecución. Una situación que se agudiza especialmente al tratarse de comunidades indígenas.
En ese marco, AMARC ALC, la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS ALC), la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en América Latina (WACC ALC) y OBSERVACOM le exhortaron a la Comisión acciones concretas para la protección y desarrollo de estos medios, mediante una petición firmada en conjunto.
El consejero legal de OBSERVACOM, Damián Loreti, Oscar Pérez de AMARC ALC y Adriana Sunún, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, fueron los encargados de la ponencia, destacando que en la actualidad hay Estados que no reconocen a los medios comunitarios e indígenas, mientras que en algunos otros que sí lo hacen, aún existen restricciones legales o reglamentarias que los excluye y/o discriminan. A su vez, mencionaron que si bien en los últimos años hubo un impulso del reconocimiento del sector en América del Sur, no ha sucedido así en Centroamérica.
Los representantes de la sociedad civil enfatizaron que en los lugares donde no hay reconocimiento legal, quienes promueven o participan en estos medios sin lograr obtener el permiso que reclaman, se arriesgan a sanciones económicas y, en algunos países hasta incluso penas de prisión -como es el caso de Guatemala-.
Si bien lo anterior no ha sido un impedimento para que surjan emisoras, se insistió en que ha provocado que el sector sufra estigmatizaciones, a la vez que numerosos cierres e incautaciones de equipos, e incluso la detención de sus comunicadores y comunicadoras.
Por otro lado, se destacó que el uso de la subasta económica para asignar concesiones para medios, implican requisitos económicos que impiden que sectores de menores recursos accedan a frecuencias
La presentación en la audiencia incluyó un petitorio a la CIDH de 10 puntos, donde se destaca que se exhorte a los Estados de la región a “frenar de manera inmediata cualquier sanción económica o proceso judicial en contra de las personas que hayan creado, operado o estado en un medio comunitario de un país donde estas no son reconocidas oficialmente”.
Por otro lado, se solicita que se recomiende a los Estados de la región adecuar sus marcos normativos para que reconozcan al sector comunitario, sin discriminaciones y que, a su vez, los medios indígenas tengan un trato que considere sus particularidades. Los peticionantes también le solicitaron a la CIDH que siga exhortando a los Estados de la región que estas legislaciones deben ser compatibles con los principios jurídicos interamericanos sobre libertad de expresión, en busca de garantizar un sistema de medios más diverso.
En especial, se exhortó a la CIDH a que por medio de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión tome una posición sobre el incumplimiento del Estado de Guatemala de la sentencia de la Corte IDH de diciembre de 2021 sobre el Caso “Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala”, donde se dictaminó, entre otras, que el Estado debía adecuar su marco normativo para reconocer a las emisoras comunitarias como “medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas”.
A su vez, se pidió que la CIDH adopte relevamientos sobre la situación de los medios comunitarios e indígenas en la región, como la inclusión de un apartado específico en su Informe Anual, o la promoción de manera periódica de audiencias temáticas regionales y audiencias de país, “para conocer de primera mano el estado de los medios comunitarios e indígenas”.
La comisionada de la CIDH y presidenta de la audiencia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, compartió las preocupaciones expresadas por los solicitantes con respecto al cuestionamiento de un acceso genuino a los medios comunitarios e indígenas, resaltando la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión, conforme a los estándares interamericanos.
Por su parte, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, felicitó a las organizaciones por el trabajo presentado y sostuvo que es preocupante que en países donde hay una fuerte presencia de comunidades indígenas “aún haya reclamos por obstáculos para el funcionamiento de medios comunitarios indígenas”.
Vaca aseguró que el sector no solo debe de obtener su reconocimiento, “sino que tiene que existir una estructura social, política, tecnológica y económica que les dé lugar, libres de todo tipo de discriminación”.
CIDH realizará audiencia sobre medios comunitarios e indígenas de la región
Documento audiencia ante CIDH, medios comunitarios e indígenas
Fuente: www.observacom.org
